La ciencia y la tecnología han intentado siempre sacar provecho de las sustancias químicas para favorecer la curación de las patologías, para mejorar las condiciones de vida o para incrementar el placer de la convivencia. Los usuarios han comprobado que algunas de estas sustancias proporcionan una sensación placentera, eufórica, ansiolítica, sedante, estimulante o alucinógena. Dichas "drogas" crean al mismo tiempo pérdidas de atención y una alteración del sentido de la realidad. El consumo de tales sustancia fomenta en primer lugar el aislamiento y posteriormente la dependencia, con el paso a productos cada vez más fuertes. En algunos casos, el producto crea una dependencia tal, que el usuario no vive más que para obtenerlo. No es la droga la que se cuestiona, sino los interrogantes humanos, psicológicos y existenciales implícitos en estas conductas. Los productos serán tal vez distintos, pero las razones básicas siguen siendo las mismas. Por ello, la distinción entre "drogas duras" y "drogas blandas" conduce a un callejón sin salida.

El problema, de hecho, no radica en la droga, sino en la enfermedad del espíritu que conduce a la droga. El Papa Juan Pablo II ha comentado: "Es preciso reconocer que se da un nexo entre la patología mortal causada por el abuso de drogas y una patología del espíritu, que lleva a la persona a huir de sí misma y a buscar placeres ilusorios, escapando de la realidad".

Ya que la drogadicción juvenil depende de una debilidad de nuestro sistema educativo, no se acierta a ver de qué manera la legalización de estos productos favorecería un mejor control de los mismos por parte de los jóvenes. La legalización de las drogas implica el riesgo de efectos opuestos a los deseados. En efecto, fácilmente se admite que lo que es legal también es normal y por lo tanto moral. A partir del momento en que la ley reconociera como normal esta conducta, surge la pregunta de cómo podrían las autoridades públicas hacer frente al deber de educar y curar a las personas ante los riesgos que dicha legalización implicaría. Nos hallamos ante una contradicción que trivializa un fenómeno y posteriormente intenta tratar sus consecuencias negativas.

Ante estas cuestiones, el Estado tiene en primer lugar el deber de velar por el bien común.

El Estado también tiene la tarea de velar por el bienestar de sus ciudadanos. La ayuda del Estado a los ciudadanos debe estar inspirada en los principios de equidad y subsidiariedad: es decir, debe proteger por encima de todo al más débil y pobre de la sociedad. No tiene por tanto derecho a dimitir de su deber de tutela frente a quienes aún no han accedido a la madurez y son víctimas potenciales de la droga. Además, si el Estado adopta o mantiene una actitud coherente y valiente respecto a la droga, (combatiéndola, cualquiera que sea su naturaleza), esta actitud ayudará al mismo tiempo a la lucha contra los abusos del alcohol y del tabaco.n

Jorge Díaz Tourón