El largo debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos se ha encendido de nuevo por los errores que han llevado a posponer la ejecución de Timothy McVeigh. El descubrimiento, a principios de este mes, de que la Oficina Federal de Investigación (FBI) había omitido entregar a la defensa informes de miles de páginas, ha obligado al Fiscal General de EEUU, John Ashcroft, a posponer la ejecución, prevista para el pasado 16 de mayo. El caso McVeigh tiene una serie de peculiaridades que lo distinguen de los casos habituales de pena de muerte: será la primera ejecución federal en 38 años, el número de víctimas se eleva a 168 y el condenado es indiferente hacia la pérdida de vidas (califica las muertes de los niños como "daños colaterales").

Sin embargo, según el Washington Post del 3 de mayo, el arrollador apoyo a la ejecución del terrorista de Oklahoma, enmascara la realidad del descenso del apoyo de la opinión pública a la pena capital. Hay un 63% de personas a favor de la pena de muerte si se trata de culpables de asesinato, pero la cifra era del 77% hace cinco años.

Según Amnistía Internacional, 75 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos, mientras que otros 13 países han abolido la pena de muerte para todos los casos excepto para crímenes especialmente graves. Amnistía Internacional estima que el año pasado fueron ejecutadas al menos 1.457 personas en 27 países, y otras 3.058 fueron sentenciadas a muerte en 65 países. De todas las ejecuciones, el 88% tuvo lugar en el grupo de países formado por China, Irán, Arabia Saudita y EEUU.

Las 85 ejecuciones del año pasado en Estados Unidos elevan a 683 el total de personas ejecutadas desde que se reanudó la pena de muerte en el país en 1977. Además, al inicio de este año más de 3.700 presos estaban condenados a muerte.

Una de las comunidades que más caña están dando contra la pena de muerte es la comunidad católica. Hace tiempo que los obispos católicos de Estados Unidos vienen expresando una contundente oposición. En noviembre de 1980, la Conferencia Episcopal publicó una "Declaración sobre la Pena Capital" pidiendo la abolición de la pena de muerte. Los obispos afirmaban que la iniciativa se proponía promover valores que son importantes para los cristianos y la idea de que "necesitamos evitar pagar una vida con otra vida". La declaración argüía que eliminar la pena capital manifiesta la creencia en el "valor y dignidad únicos de cada persona desde el momento de la concepción".

Juan Pablo II ha hecho repetidos llamamientos a que se acabe la pena de muerte de una vez. También ha enviado numerosos mensajes a los gobernadores estadounidenses pidiendo que se actúe con clemencia. En enero de 1999, durante su visita a Saint Louis, el Papa hizo un llamamiento en favor del cese de la pena de muerte, explicando que era "cruel e innecesaria".

En el caso de McVeigh, el Papa envió un mensaje al presidente George W. Bush pidiendo que le perdonara la vida. Sin embargo, según Associated Press, 29 de abril, una portavoz de la Casa Blanca dijo que Bush no tenía intención de conceder el indulto.

Hay indicios de que la oposición mantenida por muchos a la pena de muerte está surtiendo efecto en EEUU. Según un análisis publicado por el Wall Street Journal del 22 de mayo, el apoyo público a la pena capital está decayendo y hay dudas crecientes sobre la falibilidad de las pruebas. El número de personas anualmente sentenciadas a muerte en EEUU ha bajado -en tres de los últimos cuatro años de los que se dispone de estadísticas- a 272 en 1999, desde un punto máximo de 319 en 1994 y 1995. En Arkansas y Carolina del Norte, las autoridades han establecido criterios más exigentes y han aumentado los fondos públicos para los costes legales de los acusados de delitos castigables con la pena de muerte. Mientras tanto, Florida se ha convertido este año en el estado número 15 que prohibe la ejecución de internos con minusvalía mental. Y el gobernador Jim Gilmore, de Virginia, al que Bush hizo presidente del Comité Republicano Nacional a principios de este año, ha firmado un estatuto para mejorar el acceso a las pruebas del DNA.