Si un guiri de gorrilla de los yankees y calcetines de cuello vuelto hasta las rodillas sale del metro Plaza de España y se topa de bruces con el edificio de Correos (ese monumento que quema las pestañas de lo bonito que es), le vendrán golpes de envidia por la fortuna de nuestro patrimonio. Pero si nada más salir del metro le viene un humorcillo, una terrible pestilencia así como de alcantarilla tronchada, sacará la conclusión de que Madrid es tierra de porquerizos y la capital de España una inmensa cloaca. Es decir, si hacemos caso a una impresión primeriza, sietemesina, indefinida y le damos carrete, fracasamos en nuestro intento de encontrar objetividad.

Lo mismo ha ocurrido el mes pasado con el tema de la Iglesia y el pacto antiterrorista. Se ha vapuleado a la Iglesia Católica con informaciones y opiniones de batalla, lanzando al aire la vaharada de que la Iglesia no es clara en temas de terrorismo y que, sin embargo, entra en otros temas políticos cuando le da la gana. Y de estos polvos han salido los lodos de una impresión, como la del guiri de Plaza de España: la Iglesia frivoliza con el quinto mandamiento. Sin embargo, la premisa no es verdadera. El primer pronunciamiento fue el 2 de diciembre de 1970 y hasta hoy la Iglesia no sólo ha sido clara sino reiterativa en sus ataques contra la barbarie terrorista. Como resumen de la campaña de la jerarquía eclesial durante estos años, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardena Rouco, ha manifestado recientemente: "El fenómeno del terrorismo es, sin duda alguna, nuestro más grave problema; atenta vilmente contra el más sagrado e inviolable de los derechos de la persona humana: el derecho a la vida; contra la verdad y la libertad de las personas y de los grupos y, por tanto, contra los fundamentos de la convivencia social. El terrorismo es la mayor de las negaciones de la justicia y de la caridad: una gravísima inmoralidad. No admite cobertura ideológica alguna". Y esta declaración tiene miga, no es sólo una letra periodística que vuela con el viento de la actualidad, sino un principio de consideración, un posicionamiento inequívoco. Para la Iglesia el terrorismo es intrínsecamente deleznable, pero su crítica va más allá de cualquier pacto político al afirmar que la violación de la vida humana es una afrenta al mismo Dios. Además, si Rouco dice que el terrorismo no admite cobertura ideológica alguna, está acusando directamente a los amparadores políticos de la causa, a los que ningunean la claridad con mal llamados diálogos e incluso a los que muestran tibieza en sus opiniones. Este discurso del presidente de la Conferencia Episcopal ha sido contundente en el ámbito de la comunidad creyente y en los foros civiles que le son más adecuados para difundir su mensaje (los medios de comunicación). Pero la Iglesia no hace política, ya que sus fines son estrictamente religiosos, lo que pasa es que su discurso de orden espiritual y profundamente humano anega toda la realidad y, por eso mismo, tiene consecuencias políticas, económicas, sociales, etc.

Por otro lado, se ha dicho que la Iglesia ha eludido una oportunidad histórica al no ser parte firmante en el pacto antiterrorista. Sin embargo, la Iglesia como jerarquía no puede aparecer en un documento de estrategia política que, por definición, se circunscribe estrictamente al peplum civil, con sus maniobras de combate y pericias profesionales. Por ejemplo, el documento suscrito por PP y PSOE dice cosas como estas: "...fracasada la estrategia promovida por el PNV y por EA...", "...la condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas a la unidad de los partidos democráticos es la ruptura formal con el Pacto de Estella...". ¿Qué pinta la jerarquía manejando estas cartas? No podemos ver a los obispos ocupar escaños en el Congreso o estampar su firma en los Presupuestos Generales del Estado, como tampoco les sería propio a los curas ser miembros de un jurado, cuando a diario están absolviendo faltas (dictando sentencias absolutorias) en el sacramento de la reconciliación. El Tribunal Constitucional español viene configurando la aconfesionalidad del Estado, que es garantía de la libertad religiosa en un país. La jerarquía de la Iglesia no puede entrar en esas entretelas, ni alzar palio ni cruzar la delgada línea roja diseñada por Montesquieu.

En cambio, los seglares cristianos no sólo tienen el derecho sino la obligación moral de meterse hasta los tuétanos civiles. Así, muchas plataformas contra el terrorismo han surgido por iniciativa de grupos cristianos (sin ir más lejos, Gesto por la Paz, que ha soportado infinidad de coces). Por eso, en la Iglesia todos se baten el cobre para denunciar con obras y palabras la escoria terrorista: los obispos y los curas desde el ámbito de la comunidad creyente, y los cristianos seglares desde la plaza pública.