Número 36, enero 2003

Decíamos al inicio del Calibán de este mes que resulta incomprensible que en la futura Constitución Europea no aparezca ninguna referencia al elemento religioso, a las aportaciones del hecho cristiano para la construcción de la civilización europea. Desbravamos ahora, en nuestros Temas de fondo, el principio de subsidiariedad, una manera coherente de hacer política que aportó la Doctrina Social de la Iglesia a finales del XIX y que es tan actual como el último trabajo de Luz Casal.


Vamos con la definición. El principio de subsidiariedad se cuenta de la siguiente manera: una estructura social de orden superior (un partido político en el Gobierno de un país) no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior (una familia, una asociación de padres de alumnos de un colegio, etc.), privándole de sus competencias, sino que más bien debería ayudarlo y echarle un capote. Para aclararnos, el papel de los poderes públicos debería ser el de apoyar las actividades de los individuos, las familias y la sociedad y no destruirlas o absorberlas. Sí, porque el Estado siempre tiene una especie de tentación totalitaria de convertirse en familia o en colegio o en asociación vecinal. Pues no. Como el ser humano tiene una dignidad única y para su desarrollo integral depende de la sociedad, tiene el deber de contribuir a la construcción de la misma desde esas pequeñísimas células que son esos primerísimos estratos de lo social. Esto significa que la subsidiariedad protege a la persona humana, a las comunidades locales y a los "grupos intermedios" del peligro de perder su legítima autonomía. Por eso es urgente que exista mucho diálogo civil y social para que la alta política no fagocite a familias, asociaciones, etc.

La idea es buena con creces, porque respeta el hecho incuestionable de la libertad del ser humano. Por eso, se recogió en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. "La presenta Carta - se dice en el Preámbulo - reafirma, respetando las competencias y misiones de la Comunidad de la Unión, así como el principio de subsidiariedad, los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales internacionales comunes a los estados miembros". Sin embargo, da la sensación de que el nivel actual de reconocimiento del principio de subsidiariedad es bastante insuficiente.

Sí. No se puede confundir la legitimidad democrática de los representantes elegidos por sufragio universal directo, y de los gobiernos investidos por los diferentes parlamentos estatales, con la necesidad de una democracia más participativa, aumentando la participación de las organizaciones no gubernamentales y otras formas de representación de la sociedad civil. Así, la democracia para ser verdaderamente representativa tiene que ser participativa. El hombre no puede estar al servicio de las instituciones políticas y administrativas, sino que es al revés, ellas están a nuestro servicio.

Lo malo es que nuestro país no es tierra de asociación. Las encuestas siempre nos arrojan al furgón de cola de toda iniciativa social. Nuestros sindicatos andan algo vendidillos a los poderes de turno y, por otra parte, preferimos votar cada cuatro años a complicarnos la vida en una asociación universitaria de gestación de ideas políticas (como quien dice).

Y, además, hay otro problemilla en el horizonte, y es que las nuevas instituciones europeas pueden ser tan enredadas y lejanas como los itinerarios de fuga de Ben Laden. Por eso, desde ya, se hace imprescindible reforzar la interacción entre las instituciones de la Unión y las organizaciones de la sociedad civil (fundaciones, asociaciones, cooperativas, entidades varias...), así como reforzar el papel de las ONG en el Comité Económico y Social de la Unión, ¡desconocidísimo!, pero monopolizado prácticamente por empresarios y con apenas intervención de las organizaciones de la sociedad civil. Ocurre que muchas veces esas pequeñas asociaciones de ayudas sociales a los más necesitados o servicios de bienestar social, se ven amenazados por las normas comunitarias de competencia.

Si el futuro tratado constitucional no contuviera ninguna referencia a la religión, las iglesias o comunidades o confesiones religiosas, se produciría un importante vacío, dado su significado vital para la sociedad. Un artículo cuyo contenido podía ser el siguiente: "La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las iglesias y las confesiones religiosas a organizarse libremente a acuerdo con la ley nacional y a perseguir sus objetos religiosos en el marco de los derechos fundamentales. La Unión Europea respeta la identidad específica y la contribución a la vida pública de las iglesias y confesiones religiosas y mantiene un diálogo estructurado con ellas".

Además, la integración europea está basada en la unidad de la diversidad. Europa no es una figura granítica sacada de la misma cantera, si no, que se lo digan a Claudio Magris, autor de Danubio y uno de nuestros intelectuales más en forma. En sus escritos se observa la riqueza de la pluriforme tradición cultural europea. La diversidad cultural es pilar básico para la construcción de la Unión. Por eso, también se deberían promover las diferentes identidades culturales y lingüísticas.

Texto: Andrés Reicher